¿Entonces qué quieren?
Saturday, April 02, 2005
La actitud de algunos pobladores de San José de Apartadó frente a la llegada de la Policía el miércoles pasado, deja más sospechas que certezas. Las sospechas tiene que ver con la presión que puede estar recibiendo esta comunidad para rechazar a las Fuerzas Armadas. No se puede entender de otra manera el rechazar a un grupo de policías que llevaban payasos, helados y dulces para los niños, incluso castigando a los menores que osaban aceptar los presentes de los uniformados.
Esos niños seguirán viendo en las fuerzas del Estado a sus enemigos, ya no por las acciones en que incurran, sino por la negligente y torpe actitud que impide que los menores puedan tener una visión distinta de las cosas.
Hay que comenzar con algo. La policía hizo su mejor esfuerzo para llegar a una comunidad y sin embargo, fueron rechazados simplemente por llevar un uniforme que de paso representa la autoridad legítimamente constituida.
Otro hecho importante es que algunos habitantes no se desplazaron y eso deja mucho que pensar sobre las verdaderas motivaciones de aquellos que intentaron generar un desplazamiento masivo a un sitio denominado La cooperativa. ¿Será que aquellos que permanecieron en sus casas, así sea encerrados, ven una posibilidad de seguridad y de retirada de las Farc de la zona?
Es cierto que la comunidad de paz de San José de Apartadó se instituyó por la masacre que sufrió la UP en esa zona. Pero ese pasado no puede ser obstáculo para buscar alternativas que permitan la presencia de las diferentes instancias del Estado. La Casa de Justicia prometida será un importante aporte a la comunidad que tendrá en este mecanismo, garantías para el ejercicio de su libertad y sentirá de verdad la presencia del Estado.
Estas situaciones traen a la memoria las ingratas Repúblicas Independientes de las Farc en los años 60. Aquellas se negaban a la presencia estatal, se desligaron del mercado y del comercio nacional y comenzaron a establecer los grupos de vigilancia cuyo legado regentan hoy los mercenarios de las Farc.
Las medidas de la Corte Interamericana obligan al Estado a brindar protección. Esto significa, inicialmente, seguridad y justicia. El Estado cumple y la población las rechaza, ¿porqué? ¿Será temor, el mismo que encontró la comisión investigadora de la Fiscalía cuando intentó adelantar las primeras averiguaciones sobre la masacre del 23 de febrero?
Ya es hora se saber qué es lo que quieren los habitantes de San José de Apartadó y no solo sus líderes. Es necesario escuchar meticulosamente los clamores de la población y no las palabras incendiarias de voceros como el padre Giraldo y la señora Cuartas.
¡Que hable el pueblo!
Esos niños seguirán viendo en las fuerzas del Estado a sus enemigos, ya no por las acciones en que incurran, sino por la negligente y torpe actitud que impide que los menores puedan tener una visión distinta de las cosas.
Hay que comenzar con algo. La policía hizo su mejor esfuerzo para llegar a una comunidad y sin embargo, fueron rechazados simplemente por llevar un uniforme que de paso representa la autoridad legítimamente constituida.
Otro hecho importante es que algunos habitantes no se desplazaron y eso deja mucho que pensar sobre las verdaderas motivaciones de aquellos que intentaron generar un desplazamiento masivo a un sitio denominado La cooperativa. ¿Será que aquellos que permanecieron en sus casas, así sea encerrados, ven una posibilidad de seguridad y de retirada de las Farc de la zona?
Es cierto que la comunidad de paz de San José de Apartadó se instituyó por la masacre que sufrió la UP en esa zona. Pero ese pasado no puede ser obstáculo para buscar alternativas que permitan la presencia de las diferentes instancias del Estado. La Casa de Justicia prometida será un importante aporte a la comunidad que tendrá en este mecanismo, garantías para el ejercicio de su libertad y sentirá de verdad la presencia del Estado.
Estas situaciones traen a la memoria las ingratas Repúblicas Independientes de las Farc en los años 60. Aquellas se negaban a la presencia estatal, se desligaron del mercado y del comercio nacional y comenzaron a establecer los grupos de vigilancia cuyo legado regentan hoy los mercenarios de las Farc.
Las medidas de la Corte Interamericana obligan al Estado a brindar protección. Esto significa, inicialmente, seguridad y justicia. El Estado cumple y la población las rechaza, ¿porqué? ¿Será temor, el mismo que encontró la comisión investigadora de la Fiscalía cuando intentó adelantar las primeras averiguaciones sobre la masacre del 23 de febrero?
Ya es hora se saber qué es lo que quieren los habitantes de San José de Apartadó y no solo sus líderes. Es necesario escuchar meticulosamente los clamores de la población y no las palabras incendiarias de voceros como el padre Giraldo y la señora Cuartas.
¡Que hable el pueblo!