Se está viendo la luz
Tuesday, April 05, 2005
Cuando se anunció que la comunidad de paz de San José de Apartadó abandonaría el caserío y se desplazaría a un sitio llamado La Cooperativa, la certeza fue que el pueblo completo dejaría sus casas, sus perros y su cosas y se refugiaría a pocos kilómetros de la población.
Llegó la policía, comenzó a realizar su actividad de acercamiento a la comunidad y poco a poco los pobladores se fueron aproximando a los uniformados.
Llama la atención el resultado del anunciado desplazamiento: la mitad del pueblo se quedó en sus casas, están saliendo normalmente, observan con cuidado a los policías y siguen sus vidas. Algunos se atrevieron a decir que la policía tenía derecho de estar ahí y otros, un poco más escépticos, pidieron que la presencia policial no fuera demagógica y que las soluciones a problemas urgentes como saneamiento básico y presencia del Estado, no demoren mucho.
Mientras tanto, más o menos 400 de los 1600 habitantes (80 familias según los líderes del desplazamiento más que forzado) se desplazaron al sitio llamado San Josecito. Solo el señor Tuberquia habla con los medios (actitud que ya conocíamos desde la masacre), no dejan entrar a nadie y no permiten ni siquiera acercarse al lugar. Esta actitud no es un reto al Estado, es físico temor por las acciones y represalias que puedan cometer los terroristas de las Farc contra aquellos que decidan desobedecer las órdenes de silencio, desplazamiento y pobreza impartidas por el grupo guerrillero.
Llegó la policía, comenzó a realizar su actividad de acercamiento a la comunidad y poco a poco los pobladores se fueron aproximando a los uniformados.
Llama la atención el resultado del anunciado desplazamiento: la mitad del pueblo se quedó en sus casas, están saliendo normalmente, observan con cuidado a los policías y siguen sus vidas. Algunos se atrevieron a decir que la policía tenía derecho de estar ahí y otros, un poco más escépticos, pidieron que la presencia policial no fuera demagógica y que las soluciones a problemas urgentes como saneamiento básico y presencia del Estado, no demoren mucho.
Mientras tanto, más o menos 400 de los 1600 habitantes (80 familias según los líderes del desplazamiento más que forzado) se desplazaron al sitio llamado San Josecito. Solo el señor Tuberquia habla con los medios (actitud que ya conocíamos desde la masacre), no dejan entrar a nadie y no permiten ni siquiera acercarse al lugar. Esta actitud no es un reto al Estado, es físico temor por las acciones y represalias que puedan cometer los terroristas de las Farc contra aquellos que decidan desobedecer las órdenes de silencio, desplazamiento y pobreza impartidas por el grupo guerrillero.
El presidente Uribe catalogó la posición de los desplazados frente a la investigación, como obstrucción a la justicia. Ellos tienen derecho a declararse al margen del conflicto, pero no pueden impedir la presencia de las Fuerzas Armadas y mucho menos plantear un desacato a los dictámentes de los organismos judiciales. Hay otro hecho: el señor Tuberquia afirma que a San Josecito no pueden entrar las Fuerzas Armadas, porque ese terreno es propiedad privada. Siendo así, los propietarios deben asumir los costos del mantenimiento, la dotación de servicios básicos, la construcción de acueducto y alcantarillado, la educación (no adoctrinamiento) de los niños y el pago del médico. Entonces, el país puede aceptar que sea una comunidad que está construyendo una especie de convento. Pero ellos deberán aceptar las consecuencias, porque constitucionalmente Colombia no podrá brindarles las soluciones que tanto han pedido ya que el Estado no puede invertir un solo peso en propiedades privadas. En cuanto al ingreso de las Fuerzas Armadas, solo dejan un recurso disponible: el allanamiento y la custodia externa, que muy seguramente serán las acciones que se tomarán en este complejo caso en el que se están midiendo las fuerzas entre las Farc (con una de las poquísimas comunidades que aún controlan políticamente) y el Estado con su mano fuerte.
Lo que está demostrando la comunidad de San José de Apartadó es que está dividida. La mitad de los habitantes quieren protección y seguridad del Estado (con obras y presencia en todas las áreas). La otra mitad acata dócilmente las decisiones de las Farc y sigue la ideología del padre Javier Giraldo y de Gloria Cuartas, quienes ya perdieron la batalla por la división de la comunidad y por la presencia policial.
Además, continúa el silencio cómplice sobre la masacre de los dos niños y seis adultos. Estoy convencido que esa verdad la saben y la callan los que se desplazaron a San Josecito. También tengo la certeza que de los desplazados hay muchos que están obligados por el miedo a permanecer en ese sitio. Pero hay un hecho contundente: la mitad del pueblo se quedó y eso demuestra la pérdida de poder de las Farc ante la comunidad.
Lo que está demostrando la comunidad de San José de Apartadó es que está dividida. La mitad de los habitantes quieren protección y seguridad del Estado (con obras y presencia en todas las áreas). La otra mitad acata dócilmente las decisiones de las Farc y sigue la ideología del padre Javier Giraldo y de Gloria Cuartas, quienes ya perdieron la batalla por la división de la comunidad y por la presencia policial.
Además, continúa el silencio cómplice sobre la masacre de los dos niños y seis adultos. Estoy convencido que esa verdad la saben y la callan los que se desplazaron a San Josecito. También tengo la certeza que de los desplazados hay muchos que están obligados por el miedo a permanecer en ese sitio. Pero hay un hecho contundente: la mitad del pueblo se quedó y eso demuestra la pérdida de poder de las Farc ante la comunidad.