Presuntos paramilitares asesinaron en Apartadó a uno de los líderes de la Comunidad de Paz de San José, organización que la semana pasada recibió el Premio de la Paz de Aquisgrán otorgado por una plataforma de partidos, sindicatos y movimientos civiles alemanes.
Los voceros de la comunidad de paz informaron que el lunes en la mañana, al frente del terminal de transportes en Apartadó fue asesinado Francisco Puerta, campesino líder y ex coordinador de la zona humanitaria de la vereda Miramar.
Según la versión suministrada, dos supuestos paramilitares atacaron a Puerta cuando se encontraba en una tienda frente a la terminal y le dispararon varias veces, luego salieron tranquilamente, pese a que había policías por el sector.-
Minutos después del crimen un grupo de seis paramilitares de civil con armas largas llegó al sitio Mangolo, en la salida de Apartadó hacia San José, y otros cuatro paramilitares se ubicaron también de civil con armas cortas en Tierra amarilla.
Según la denuncia de la comunidad, en los últimos días han sido insistentes los rumores en Apartadó de una posible una masacre en la Comunidad de Paz, a cuyos integrantes los acusan de ser colaboradores de la guerrilla.
Los voceros de la comunidad insistieron en que no retrocederán ante esta nuevas intimidaciones y seguirán más firmes que nunca, en esta búsqueda de un mundo justo y alternativo, y neutrales frente a todos los grupos armados.

El 7 de mayo de 2002, el gobierno de Andrés Pastrana, mediante comunicación escrita del Canciller, solicitó a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la investigación de los hechos ocurridos en Bojayá, Chocó, el 2 de mayo de ese año. El informe señala tres sectores responsables de la masacre: a las Farc, a las Auc y al Estado.
Sobre las Farc, el informe de Naciones Unidas denuncia su “responsabilidad en la muerte violenta de más de 100 civiles, las lesiones de más de 80 personas y la destrucción de bienes civiles, causadas por el lanzamiento de pipetas”. Es más: la autoría de estos hechos fue reconocida públicamente por las Farc, como un “error”. Sin embargo, el informe dice textualmente: “debe aclararse que ese “error” constituye una infracción a las normas humanitarias, pues es un ataque a la población civil que viola especialmente los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad de la población civil”. En cuanto a los argumentos de las Farc, el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que “si la sola presencia de algunas personas no protegidas permitiera un ataque contra un grupo entero de civiles, la protección de que goza la población civil resultaría completamente ilusoria”.
En las conclusiones contra las Farc, el informe advierte “que algunas infracciones al DIH, por su particular gravedad, constituyen CRÍMENES DE GUERRA. Entre ellas se incluyen el homicidio contra personas protegidas, el ataque contra la población civil, el ataque contra los lugares de culto y el desplazamiento forzado.
RESPONSABILIDAD DE LAS AUC
Aún cuando la muerte de esos civiles fue consecuencia directa de las pipetas lanzadas por
las FARC, los paramilitares comprometen su responsabilidad en materia humanitaria al
haber expuesto a la población civil a los peligros de las acciones militares. “El Derecho Internacional Humanitario exige garantizar la protección de la población civil en cualquier contexto, sea ofensivo o defensivo”.
Así mismo, culpó a las Auc porque “esos combatientes, al ubicarse en las cercanías de las edificaciones en las que se habían refugiado los civiles, incrementaron el riesgo y la exposición de esos civiles. En la medida en que algunos miembros del grupo paramilitar intentaron ingresar a la iglesia de Bellavista y, ante la oposición de la comunidad, permanecieron en las cercanías del templo, expusieron no sólo a la población civil sino también el inmueble protegido.
En este punto, el informe señala que “son aplicables a los paramilitares las consideraciones ya hechas sobre CRÍMENES DE GUERRA. ”
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
El 23 de abril, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas envió una comunicación oficial al Gobierno expresando su preocupación frente a la incursión de grupos paramilitares en Bellavista y sus posibles consecuencias para la población civil. Asimismo, la Oficina instó a las autoridades a adoptar las medidas oportunas y adecuadas para proteger a la población, así como para prevenir eventuales desplazamientos. La única respuesta escrita recibida por la Oficina fue la enviada por la Procuraduría, el 24 de abril, en la que transmite su solicitud urgente a los Ministros del Interior y de Defensa para que otorguen una “directa atención a los sucesos que en forma reiterada alteran la tranquilidad en las poblaciones chocoanas, donde la mayoría de sus habitantes son indígenas, campesinos y comunidades negras que viven el enfrentamiento entre todos los grupos armados al margen de la ley”.
Adicionalmente, el 26 de abril, la Defensoría del Pueblo, después de haber visitado el
área, emitió una alerta temprana, advirtiendo sobre los riesgos de un posible
enfrentamiento entre los grupos ilegales.
Ante las medidas tomadas por Naciones Unidas, el informe advierte que “la responsabilidad del Estado puede resultar no sólo de la falta de vigilancia en la prevención de actos dañosos, sino también de la falta de diligencia en la persecución penal de los responsables y en la aplicación de las sanciones civiles requeridas.
Al mismo tiempo indica que “en el marco del derecho internacional humanitario, también se pone en cabeza de los Estados la obligación de respetar y hacer respetar estas normas, exigiendo no sólo conductas negativas o de abstención, sino también la actuación positiva para prevenir infracciones, sancionarlas, y proteger a la población civil, incluyendo el deber de asistencia.

(Tomado de El Tiempo.com)

Durante dos semanas, un equipo de 15 funcionarios, entre fiscales y expertos en criminalística, permanecieron en la población y sus alrededores para recopilar pruebas y realizar pruebas técnicas que permitan esclarecer la muerte de ocho personas, entre ellas el líder campesinos Luis Eduardo Guerra.
La comisión recorrió palmo a palmo los sitios donde aparecieron los cuerpos y en la búsqueda fueron encontrados restos de una granada que, según las primeras conclusiones, explotó en el lugar. El hallazgo de las esquirlas se constituye en una de las nuevas pistas con que cuentan las autoridades para tratar de solucionar el homicidio de las ocho personas. "Hemos comprobado que por lo menos uno de los cuerpos de las víctimas presenta heridas con esquirlas de granada", explicó uno de los investigadores.
Hasta ahora se sabía que las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego y descuartizadas con un machete.
Los investigadores se encontraron nuevamente con el silencio de los miembros de la comunidad. Ninguno quiso decir nada. Ni siquiera los líderes quisieron hacerlo, ni tampoco la monja Clara Lagos, quien minutos antes de que la primera comisión fuera atacada, el pasado 2 de marzo, les advirtió que se fueran "por que venía la tropa", sin explicar a qué se refería.Continúa el silencio del temor. Las Farc siguen intimidando a la población para que no denuncie los hechos, para que deje oculta la nefasta influencia que ejerce sobre una atemorizada comunidad. Hace rato que San José de Apartadó sucumbió al miedo. Cosa distinta a lo que pasa en Toribío, en donde sus habitantes, los guerreros paeces, han enfrentado a la guerrilla con valor, coraje, sacrificio y muerte.

Gloria Cuartas le concedió una entrevista a María Jimena Duzán en el programa Versión Libre de Canal Capital, canal dedicado a la vitrina de la oposición contra el gobierno Uribe. (Y se quejan por la falta de espacios...)
En la entrevista dijo cosas importantes y también guardó silencios cómplices. Frente a las declaraciones del presidente Uribe sobre los vínculos con las Farc de algunos líderes de la comunidad de paz de San José de Apartadó, ella señaló que “el mandatario no puede generalizar”. ¿Acaso la palabra algunos no impide la generalización?
Posteriormente se mostraron extrañadas, entrevistadora y entrevistada, por el silencio de Uribe frente a la masacre, quien según ellas, solo dijo que la masacre había ocurrido porque ahí estaban las Farc. Posteriormente Gloria Cuartas habló de la presencia del Ejército en el área y dijo que la prueba estaba en un hospital de Apartadó, a donde había llegado una persona herida en combate. Le faltó decir que esa persona es una NIÑA de 4 años, hija del jefe de las milicas de las Farc en la zona, alias Macho rucio, quien en su propia casa, que de paso sea dicho, está DENTRO de la comunidad de paz, se enfrentó al Ejército y puso de escudo a su hija y a su mujer. También olvidó que la niña fue atendida por paramédicos militares y que fue trasladada al hospital en un helicóptero del Ejército.
Insistió en la necesidad de fortalecer el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, para lo cual, en los próximos días harán una mesa de trabajo con la participación de otras comunidades de paz del país. Me encantaría que el pronunciamiento de esa mesa de trabajo también obligue a la guerrilla a hacer esa distinción, porque el niño de 10 años que fue asesinado en las últimas horas en Toribío, Cauca, no era un combatiente.
La señora Cuartas insistió en la necesidad de reestablecer confianzas entre el Estado y la comunidad de paz y pidió que la Policía salga del casco urbano de San José de Apartadó: ¿porqué no le pidieron lo mismo a Macho rucio? Sobre la presencia de la Policía denunció que esto había obligado a la comunidad a un desplazamiento forzado. Le faltó recordar a la Cuartas que la misma comunidad exigió que el Estado tomara medidas para su protección. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conminó al Estado a hacer presencia para salvaguardar la vida y la integridad de la comunidad. ¿Cómo se logra garantizar la vida y la integridad? Primero con la llegada de las armas que persuadan a los violentos para no atacar. Luego, con el sitio seguro, deben llegar las otras autoridades, como ocurrirá con la instalación de la Casa de Justicia.
Pero Gloria Cuartas también dejó serias dudas sobre lo que realmente está pasando en San José de Apartadó. Transcribo textualmente sus palabras: “La comunidad está IMPONIENDO un nuevo modelo de desarrollo”. ¿Imponiendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿La comunidad entera acepta y quiere ese nuevo modelo de desarrollo para la región? Las decisiones se toman en conjunto, se adoptan por mayoría; las imposiciones son medidas de unos pocos en contra de muchos. Esto significa que en San José de Apartadó se está reeditando el concepto básico del Despotismo Ilustrado:”Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.
Finalmente habló del general Rito Alejo del Río y dijo que la injusticia era extrema: que ellos habían presentado 302 denuncias con pruebas “contundentes” que la Fiscalía rechazó, por lo cual el General quedó exonerado de todos los cargos. ¿Me van a decir que hubo un concierto para delinquir de semejante proporción y que “las pruebas contundentes” de 302 denuncias fueron desestimadas en un complot del Estado a favor de un General que ya no es General? ¿Porqué, si tienen tanta acogida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, éste organismo no se ha pronunciado, ni condenado, ni enjuiciado al General del Río con semejante carga probatoria?
Pero los silencios de Gloria Cuartas fueron enormes y dicientes. No mencionó a la guerrilla sino por los laditos, como para no molestarla. No dijo nada de un terrorista que utilizó a su familia como escudos humanos. Tampoco habló de la posible participación de las Farc en la muerte de Luis Eduardo Guerra. Muchos silencios, muchas preguntas dejó doña Gloria en el ambiente. Y eso que tenía frente a ella a una de las más juiciosas opositoras del gobierno, situación que ella misma reconoció al final diciendo: “María Jimena si me dejó hablar”.

Cuando se anunció que la comunidad de paz de San José de Apartadó abandonaría el caserío y se desplazaría a un sitio llamado La Cooperativa, la certeza fue que el pueblo completo dejaría sus casas, sus perros y su cosas y se refugiaría a pocos kilómetros de la población.
Llegó la policía, comenzó a realizar su actividad de acercamiento a la comunidad y poco a poco los pobladores se fueron aproximando a los uniformados.
Llama la atención el resultado del anunciado desplazamiento: la mitad del pueblo se quedó en sus casas, están saliendo normalmente, observan con cuidado a los policías y siguen sus vidas. Algunos se atrevieron a decir que la policía tenía derecho de estar ahí y otros, un poco más escépticos, pidieron que la presencia policial no fuera demagógica y que las soluciones a problemas urgentes como saneamiento básico y presencia del Estado, no demoren mucho.
Mientras tanto, más o menos 400 de los 1600 habitantes (80 familias según los líderes del desplazamiento más que forzado) se desplazaron al sitio llamado San Josecito. Solo el señor Tuberquia habla con los medios (actitud que ya conocíamos desde la masacre), no dejan entrar a nadie y no permiten ni siquiera acercarse al lugar. Esta actitud no es un reto al Estado, es físico temor por las acciones y represalias que puedan cometer los terroristas de las Farc contra aquellos que decidan desobedecer las órdenes de silencio, desplazamiento y pobreza impartidas por el grupo guerrillero.

El presidente Uribe catalogó la posición de los desplazados frente a la investigación, como obstrucción a la justicia. Ellos tienen derecho a declararse al margen del conflicto, pero no pueden impedir la presencia de las Fuerzas Armadas y mucho menos plantear un desacato a los dictámentes de los organismos judiciales. Hay otro hecho: el señor Tuberquia afirma que a San Josecito no pueden entrar las Fuerzas Armadas, porque ese terreno es propiedad privada. Siendo así, los propietarios deben asumir los costos del mantenimiento, la dotación de servicios básicos, la construcción de acueducto y alcantarillado, la educación (no adoctrinamiento) de los niños y el pago del médico. Entonces, el país puede aceptar que sea una comunidad que está construyendo una especie de convento. Pero ellos deberán aceptar las consecuencias, porque constitucionalmente Colombia no podrá brindarles las soluciones que tanto han pedido ya que el Estado no puede invertir un solo peso en propiedades privadas. En cuanto al ingreso de las Fuerzas Armadas, solo dejan un recurso disponible: el allanamiento y la custodia externa, que muy seguramente serán las acciones que se tomarán en este complejo caso en el que se están midiendo las fuerzas entre las Farc (con una de las poquísimas comunidades que aún controlan políticamente) y el Estado con su mano fuerte.
Lo que está demostrando la comunidad de San José de Apartadó es que está dividida. La mitad de los habitantes quieren protección y seguridad del Estado (con obras y presencia en todas las áreas). La otra mitad acata dócilmente las decisiones de las Farc y sigue la ideología del padre Javier Giraldo y de Gloria Cuartas, quienes ya perdieron la batalla por la división de la comunidad y por la presencia policial.
Además, continúa el silencio cómplice sobre la masacre de los dos niños y seis adultos. Estoy convencido que esa verdad la saben y la callan los que se desplazaron a San Josecito. También tengo la certeza que de los desplazados hay muchos que están obligados por el miedo a permanecer en ese sitio. Pero hay un hecho contundente: la mitad del pueblo se quedó y eso demuestra la pérdida de poder de las Farc ante la comunidad.

La revista Cambio, en su última edición, publicó una nota con el título ¿Fórmula a la vista? en la que informa sobre las alternativas que se están planteando para fortalecer la llegada de la Fuerza Pública a la comunidad de San José de Apartadó. En la nota, Cambio asegura que “el defensor del pueblo, Vólmar Pérez; el representante de la Pastoral Social de la Iglesia, monseñor Héctor Fabio Henao y voceros de otras organizaciones civiles, encontraron una fórmula para resolver el impasse con el Gobierno. Se trata de crear una Casa de Justicia en la localidad, con presencia permanente de delegados de la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría, quienes se encargarían de garantizar la convivencia pacífica en la zona”.
Es indispensable que Colombia comience a pensar en soluciones para este conflicto que se viene presentando entre la comunidad de paz de San José de Apartadó y el gobierno colombiano. Primero, porque están los mandatos de protección proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, porque la situación requiere soluciones creativas y no la simple imposición de la fuerza, como lo hemos expresado en la bitácora ATRABILIOSO.
El derecho de la comunidad de paz de San José de Apartadó de declararse al margen del conflicto debe ser respetado y apoyado no solo por el gobierno sino por los demás actores del conflicto. Las Farc deben garantizar la no interferencia en las decisiones de la comunidad y los miembros de dicha comunidad deben rechazar también la presencia de la guerrilla en sus territorios, pues solo así tendrán la autoridad y el poder para garantizar la vida y la tranquilidad de sus miembros.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó quiere dejar constancia de su rechazo a las declaraciones hechas por el Presidente Alvaro Uribe el día 27 de mayo de 2004 en el municipio de Apartadó porque consideramos que no son justas ni están acordes con la realidad de lo que ha hecho la comunidad.
En primer lugar el presidente nos ha acusado de no hacer declaraciones ante la fiscalía de Apartadó, y que por ellos los líderes de la comunidad obstruyen la justicia al no facilitar las investigaciones. Tal apreciación es totalmente injusta ya que nosotros mismos nos hemos comprometido con la búsqueda de justicia y de hecho uno de nuestros principios es rechazar la impunidad
Sin embargo, a raíz del bloqueo impuesto en contra de la comunidad y el asesinato de más de 20 personas por parte de los paramilitares en apoyo con los militares en el 2002 decidimos no dar más declaraciones ya que fuimos testigos de cómo varias de las personas que habían dado testimonio habían sido asesinadas y a pesar de todo el esfuerzo de la comunidad las investigaciones no avanzaban en nada.
Creemos que lo anterior muestran que las imputaciones hechas por el presidente Uribe son injustas y que el problema no ha sido simplemente el que la comunidad no declare. Hay un problema más grave: la estructura de impunidad que reina en nuestro país. Pero además se nos acusa de no dejar entrar la fiscalía u otra institución del Estado. Siempre hemos planteado, y seguiremos fieles a estos principios sabiendo las consecuencias, que no aceptamos a ningún actor armado (incluyendo la fuerza pública) en los lugares donde vivimos o trabajamos; siempre hemos exigido la presencia permanente de defensoría, de procuraduría, hemos tenido reuniones con el estado, con la Vicepresidencia, la defensoría del Pueblo, procuraduría, fiscalía, alcaldía, personería en el mes de abril, y se han programado dichas reuniones cada dos meses en San José, por ello no podemos entendemos ni aceptamos esta acusación.
De igual manera se acusa a San José de ser corredor de la guerrilla, cuando hemos sido víctimas de todos los actores armados. San José es un caserío de menos de 200 metros cuadrados y desde 1997 ha tenido presencia permanente a del ejército a los alrededores del caserío, retenes constantes entre Apartadó y San José; a veces se han contado siete retenes en tan sólo 12 kilómetros. Afirmamos categóricamente: no somos corredor de ningún actor armado, y menos de la guerrilla. Injustamente hemos sido acusados por el ejercito de ser corredor de ellos debido a nuestra total neutralidad y no estar con ningún actor armado.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Mayo 28 de 2004
http://www.prensarural.org/recorre/Comunicados/UN%20LLAMADO%20URGENTE%20DE%20SOLIDARIDAD.htm

El 23 de febrero, en la vereda La Resbalosa, perteneciente a la comunidad de paz de San José de Apartadó, fue encontrada una fosa común con los restos de la familia de Luis Eduardo Guerra, líder cívico de la región. Alfonso Bolívar, otro líder comunitario fue masacrado en la misma zona. Ocho colombianos son asesinados en una comunidad que llora a 160 de sus integrantes, muertos en una guerra de la que han querido apartarse, declarándose neutrales.
Meses antes del brutal asesinato, una granada que estalló en San José de Apartadó acabó con la vida de la esposa de Guerra y dejó muy mal herido a uno de sus hijos. Ante este ataque, Luis Eduardo Guerra manifestó su deseo de retirarse de la comunidad y radicarse en su finca. Entre tanto, Alfonso Bolívar hizo gestiones para reincorporarse a la sociedad y dejar de lado a la guerrilla.
Unos días antes de la masacre, Alfonso Bolívar se encontró con Macho rucio. 24 horas más tarde, el Ejército dio de baja al guerrillero en su propia casa. Esta información es entregada por un guerrillero reinsertado que actualmente es informante del Ejército. La entrevista al informante se encuentra en : http://alpha.mindefensa.gov.co/index.php?page=406
El día 24 de febrero en las horas de la tarde, una Comisión compuesta por un fiscal, un representante de la Procuraduría y 10 técnicos judiciales, llegó al municipio de Apartadó. La misión era indagar sobre las denuncias de la comunidad que indicaban que había ocurrido una masacre.
Solo hacia el medio día del 25 de febrero en helicópteros de las Fuerzas Armadas, la comisión logró trasladarse a la finca de Alfonso Bolívar. Al finalizar la tarde, la comisión confirmó el hallazgo de cinco cuerpos: dos niños, una mujer y dos hombres. Los asesinados respondían a los nombres de SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ (2 años de edad), NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ (6 años de edad), SANDRA MILENA MUÑOZ, ALFONSO BOLIVAR y ALEJANDRO PEREZ CUILES. Según las primeras informaciones obtenidas, la comisión encontró que los adultos habían sido descuartizados. El 25 de febrero, hacia las 5 y 30 de la tarde, los cuerpos de LUIS EDUARDO, DEINER ANDRES y BELLANYRA GUERRA fueron encontrados por miembros de la Comunidad, en inmediaciones del centro de salud de Mulatos Medio. Los cuerpos estaban en campo abierto. Ante el hallazgo, la comunidad comenzó a gestionar el envío de una Comisión Judicial al lugar de los hechos. Sin embargo, solo dos días después se produjo el levantamiento de los cuerpos. Esta información está en: http://colombia.indymedia.org/news/2005/03/22797.php

Hace ocho años, una comunidad se declaró al margen del conflicto interno que vive el país. En esa comunidad, San José de Apartadó, dos niños y seis adultos fueron masacrados. Según Hector Abad, uno de los niños fue asesinado de un golpe en la cabeza.

Después de la denuncia de la masacre, las autoridades judiciales enviaron una comisión que encontró una población enmudecida y aterrada; todos cerraron las puertas para suministrar cualquier información que ayudara a capturar a los responsables.
Esta misma comisión judicial fue emboscada y un policía resultó muerto en la acción. Antes del ataque, la comisión se detuvo a hablar con una monja, Clara Lagos, quien aseguró que solo les comunicó la negativa de compartir información con las autoridades.
Junto con la monja, el director del Cinep, padre jesuita Javier Giraldo y la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, aparecieron en los medios acusando a unidades de la brigada XVII del Ejército de perpetrar la masacre, basados en los testimonios de algunos miembros de la comunidad. Además, ambos líderes guardan aún absoluto silencio sobre el ataque a la comisión judicial y no han oficializado sus denuncias ante la Fiscalía; solo han hablado frente a los micrófonos y por este medio afirman que el Ejército es asesino (palabras del padre Giraldo en Noticias Uno del 27 de febrero).
Mientras esto ocurría, comenzaron a escucharse las voces de los que quieren acabar con las comunidades de paz por inconvenientes. A los pocos días el ministro de Defensa hizo una declaración amenazante: o dejan entrar a las Fuerzas Armadas a las comunidades de paz, o éstas se acaban (El Tiempo marzo 7 de 2005).
A esta amenaza se sumó el Presidente quien ordenó la militarización de la zona de San José de Apartadó y el ingreso de policía a la comunidad de paz, situación que la comunidad rechaza, pues se ha declarado al margen del conflicto y no permitirá que ingresen personas armadas a su zona.